La ausencia de autocrítica en la "Ley del solo sí es sí"

Dimitir no es un verbo que conjugue -ni entienda- habitualmente la clase política española. Los ciudadanos nos hemos acostumbrado y ni lo exigimos. Salvo excepciones, aquí no dimitiría ni el capitán del Titanic, que en la vida real al menos tuvo el honor samurái de hundirse con su barco.

El monumental follón que se ha montado con la "Ley del solo sí es sí" no tiene consecuencia política alguna para sus progenitores. La ministra Irene Montero, tozuda, sigue erre que erre con que es una norma perfecta y que lo que falla es su aplicación. La culpa de que, hasta el momento, se hayan beneficiado de su puesta en marcha 340 delincuentes sexuales es exclusivamente de los jueces (y juezas) fachas, que no entienden el espíritu de la ley.

El Consejo de Ministros, con el presidente a la cabeza, avaló la "Ley Montero", pero ante la avalancha de revisiones de sentencias judiciales se ha visto obligado a dar marcha atrás y proponer una corrección de algunas de las penas recogidas en la regla promovida por el Ministerio de Igualdad, cuyas dirigentes han demostrado buena intención y una pésima e incompetente ejecución.

La Ley entró en vigor el pasado 7 de octubre y apenas cuatro meses después será modificada porque la parte socialista del Gobierno, muy pendiente de los sondeos electorales, ha decidido que se acabó la tontería en un tema tan serio. Un nuevo motivo de fricción entre el PSOE y Unidas Podemos, cuya coalición vive en un estado semicomatoso, que sólo mantiene el pulso porque el poder lo aguanta casi todo.

La formación política de Montero ha cerrado filas, como suele ocurrir en estos casos. No digamos su pareja, el ex vicepresidente Pablo Iglesias. La ministra no es responsable en absoluto de los beneficios penitenciarios que están consiguiendo violadores, acosadores y otros delincuentes sexuales. Los socialistas, por su parte, han salido a la palestra pública para reconocer que hay que subsanar algunas cuestiones de una ley que -subrayan- no han parido ellos.

En algunos países de nuestro entorno el sonoro fracaso en la gestión de una ley tan importante sería motivo de dimisión, incluso de solicitud de perdón público. En España no, por supuesto. Aquí no hay el mínimo rubor entre lo que algunos denominaban no hace tanto "la casta". La culpa siempre es de otros, llegado el caso del empedrado o del cambio climático. Es impensable escuchar en este país a un político entonando el mea culpa.

La ministra Montero debería dimitir. O ser cesada por Pedro Sánchez, circunstancia inverosímil que finiquitaría el actual Gobierno. No ocurrirá ni lo uno ni lo otro. La Ley será modificada y el marketing de Moncloa nos venderá que rectificar es de sabios y que bla bla bla... Excesivamente tarde para cientos de mujeres víctimas de delitos sexuales. Y a todo esto, ¿dónde está el otrora reivindicativo feminismo patrio?

Vivimos en un continuo estado de electoralismo, más aún en un año electoral de verdad. Es lícito agarrarse al sillón, al escaño, a la cartera ministerial o al despacho, la poltrona y el coche oficial, sin embargo un poco de autocrítica nunca está de más. Salvo en el caso de los seres infalibles, claro.