La educación online puede erigirse en una solución para paliar la despoblación del entorno rural. Flexibilidad y conocimiento para devolver la vida a los pueblos con nuevos modelos de negocio que generen riqueza. Pero para lograrlo, se necesitan medidas políticas, y no sólo palabras llenas de buena intención pero sin aplicación real.
Para combatir la lacra de la despoblación hay que impulsar la actividad económica en los pueblos. Una premisa imposible de cumplir si hay que desplazarse para acudir a clase y residir en la ciudad donde se estudia, con la carga monetaria que conlleva, e inviable a la hora de cuadrar los horarios y el cumplimiento de las responsabilidades familiares y laborales.
La formación online puede ser la herramienta que alivie la huida de los habitantes del entorno rural hacia las urbes. Pero hay que facilitar su desarrollo. Los trabajadores deben encontrarse con trampolines que los ayuden, y no con obstáculos que les impidan optar por esta posibilidad. Adquirir los conocimientos y competencias para implantar y desarrollar un negocio viable y que revitalice las zonas más castigadas por la crisis, adecuado a las necesidades del mercado actual y ceñido a las demandas tecnológicas en constante cambio, puede ser la mejor salida. Para cumplir este objetivo, lo primero es garantizar un acceso universal a internet en las mejores condiciones de conexión posible. Un campo en el que queda demasiado por hacer.
A mediados de 2016, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, la diferencia entre el acceso a internet en las ciudades y las zonas rurales evidenciaba una brecha excesivamente grande. Mientras el porcentaje de cobertura total para conexiones de 100 Mbps o más era del 70,11% de media en España, en las zonas rurales se quedaba en un 17,5%. Más de 52 puntos de diferencia. Al analizar las conexiones de menor velocidad esta distancia se reduce, pero sigue quedando patente el abismo que separa ambas realidades. Para las conexiones de 30 Mbps o más, la diferencia es del 74,95% y el 31,6%, respectivamente; para las de 10 Mbps o más, 89,74% y 75,1%; y para las de 2 Mbps o más, 96,84% y 91,9%.
La situación no mejora si ampliamos el marco comparativo y echamos un vistazo a la situación de nuestros vecinos europeos. El último informe de la Comisión Europea denominado Broadband Coverage in Europe 2015. Mapping progress towards the coverage objectives of the Digital Agenda (Cobertura de banda ancha en Europa 2015. Cartografía del progreso hacia los objetivos de cobertura de la Agenda Digital), indicaba que España es uno de los nueve países de Europa que registra un nivel de cobertura de banda ancha inferior al 90% -junto a Noruega, Bulgaria, Polonia, Eslovaquia, Lituania, Rumania, Letonia y Estonia-, aunque cabe destacar que en lo referente a las conexiones de mayor velocidad –a partir de 24 Mbps-, superábamos en casi siete puntos la media europea (76,6% frente al 70,9%). No obstante, hay un capítulo en el que nuestro déficit destapaba las carencias en el impulso al ámbito rural.
La diferencia entre la cobertura media de mayor velocidad y la registrada en el entorno rural, en Europa variaba del 70,9% al 27,8%. En España, sin embargo, esta distancia se agrandaba al crecer en un extremo y mermar en el otro, y se situaba en el 76,6% frente al 23,9%. Una brecha de más de 52 puntos, igual que en los datos ministeriales del ejercicio siguiente.
Al ritmo que evoluciona la tecnología, es inadmisible que una estadística de tanta relevancia permanezca congelada durante un año en España. Es una irresponsabilidad política que debería tener consecuencias. Si de verdad los representantes públicos quieren luchar contra la despoblación, y revitalizar e impulsar la actividad en las zonas rurales, su obligación es comenzar por aquí. Por dar una oportunidad de crecimiento real, apoyada en un modelo formativo que aporta unas ventajas competitivas impagables para este sector de la población