En pleno revuelo por la aprobación e instauración de la conocida como 'Ley Trans' en España este lunes, 31 de marzo, se celebra y conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans, una jornada dedicada a dar visibilidad a las personas transgénero y a la sensibilización contra la transfobia en todo el mundo.

La Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos LGTB fue aprobada en España en febrero de 2023 con el objetivo de permitir a las personas mayores de 16 años cambiar su sexo en el registro civil basándose en la autodeterminación de género, es decir, sin necesidad de informes médicos o tratamiento hormonal.

Además, la ley prohíbe las terapias de conversión en todo el territorio nacional y establece medidas para promover la igualdad y protección de las personas LGTBI en diversos ámbitos, como el laboral, el educativo y el de la salud.

No obstante, la implementación de la ley ha generado controversia y oposición en algunas regiones y partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Popular (PP) en Extremadura permitió la tramitación de la derogación de la ley LGTBI regional, propuesta por VOX, a pesar de no estar de acuerdo con su contenido.

A nivel nacional, partidos como VOX han expresado su desacuerdo con la Ley Trans y han abogado por su derogación. Esta postura ha generado debates políticos y sociales sobre los derechos de las personas trans y la identidad de género en el país.

En resumen, la Ley Trans representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las personas trans en España, pero su aplicación y aceptación varían según la región y el contexto político, reflejando la diversidad de opiniones y debates en la sociedad española.

La catedrática en Derecho mercantil de la Universidad de Valladolid (Uva) y activista LGTBI, Marina Echevarría Sáenz, explica detalladamente las ventajas que supone la instauración de esta reciente ley y desmiente los bulos que se han generado, de forma masiva, en torno a todo lo que rodea este delicado asunto.

La que fue la primera mujer trans catedrática en España, profesora en la universidad vallisoletana, desgrana, en una entrevista con Tribuna Valladolid, las necesidades que, todavía, tiene la comunidad LGTB y las dificultades que podría haber en Castilla y León para avanzar en esta materia.

PREGUNTA: ¿Cuál es la finalidad de la Ley Trans?

RESPUESTA: Como su título indica la ley busca la igualdad real y efectiva de las personas trans. Culturalmente, ha existido una discriminación muy clara contra el colectivo LGTBI. Hace tan solo cuarenta años estaba criminalizado ser así. Pasamos de estar en el Código Penal a estar en psiquiátricos porque se nos consideraba enfermos mentales. Ahora, de todo aquello, hemos pasado a vivir una discriminación social bastante extendida. La gente no te va a aceptar de un día para otro cuando, hace nada, era supuestamente un criminal.

P: ¿Por qué se da todavía esa discriminación contra las personas trans?

R: Los aspectos emocionales son quizá los más difíciles de remover de una sociedad. Está claro que, por una concepción de los Derechos Humanos, entiendes que la orientación sexual o la identidad de género son unas manifestaciones más del ser humano que han existido siempre. Pero, cuando se te ha criado en la idea de que eso es pecado o que se trata de un crimen, es complicado luchar contra ello. Hay una base de pensamiento muy difícil de combatir.

Además, todo esto se ha convertido, por desgracia, en un elemento más de la lucha política en la que estamos inmersos. Hay quien entiende que este es un pensamiento emocional para galvanizar a la gente, para asustarla de alguna manera y hacerle dudar de su situación social y dinamizarla en una agenda antiderechos. Es la idea de crearla alteridad del enemigo. Los buenos ciudadanos frente a los malos españoles. Una idea disruptiva que consiste en señalar al diferente.

P: Hace unos días conocíamos que el Ministerio de Igualdad desarrollaba esa ley que incluye más de 200 medidas enviadas ya a las Comunidades Autónomas que deben ahora dar su visto bueno ante de que sea aprobada en el Consejo de Ministros. ¿En qué consiste?
R: Se trata de un plan estratégico nacional de implementación de los derechos y de las medidas que la ley contemplaba. Pero, en realidad la ley va más allá. También entronca con la estrategia europea. Es una correlación de la estrategia europea en materia LGTBI y en los mandatos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los apoyatura normativa y que hay detrás de todo esto es una sola.

P: ¿Por qué es necesario que se tenga en cuenta a las CCAA para poder aprobar estas medidas de la Ley Trans?
R: Este es un estado autonómico. Quienes tienen las competencias de ejecución e implementación de la ley, la mayor parte del tiempo, son las Comunidades Autónomas. Lo que pasa es que entramos en un juego un poco curioso porque, por un lado, tienen la obligación de cumplir la ley pero, por otro, son dueñas de cómo lo cumplen y ahora nos estamos encontrado con alguna que pueda hacer resistencia a esas leyes como consecuencia de que existen ciertos Gobiernos Autonómicos que están apoyados por la ultraderecha.

P:Castilla y León está atrasada en lo que a leyes LGTBI se refiere, al ser la única Comunidad Autónoma sin una ley específica que proteja a este colectivo, ¿cómo nos afecta esto?
R: No siempre es necesario que VOX esté en el Gobierno. En Castilla y León se niegan a implementar esta ley. Existía la excusa previa que era que, mientras no existiese una ley estatal, ellos no iban a sacar una ley LGTBI en Castilla y León. Nos lo vendieron durante años, bajo el mandato de Vicente Herrera o Alfonso Fernández Mañueco. Ahora, que ya existe esa ley estatal, la excusa es que como ya la tenemos, no hace falta una ley autonómica. Lo siento pero la ley estatal te está diciendo que tienes que desarrollar y aplicar una ley autonómica.

Somos, junto a Ceuta y Melilla, los únicos que no cuenta con esta ley. La reserva espiritual de occidente. Al parecer, aquí hay una resistencia por parte del sector más conservador del Partido Popular. Todavía no han sido capaces de resolver que esto es una cuestión de derechos.

P: ¿Qué necesidades tiene una persona trans que está ley está cubriendo?
R: En primer lugar, las necesidades de identificación en cuestiones de despatologización. Es decir, el no tener que declararse como 'enfermo mental' o tener que afrontar un proceso de transición de cuatro años. Además, esta ley va a dar planes de igualdad LGTBI a las empresas que establecerán normas para evitar la marginación en el ámbito laboral porque la autonomía económica es lo más importante para conseguir una igualdad real. Y, en tercer lugar, la ley nos dará protección en el ámbito educativo, garantía de tratamientos sanitarios o el poder contar con una norma de no neutralidad de la Administración Pública.

P: ¿Es sencillo llevar a cabo a la práctica esta ley?

R: Todas las leyes se tienen que implementar y para ello debe haber una voluntad. Algunas partes van a ser fáciles de implementar, otras ya se están implementando con total normalidad y algunas, probablemente, se encuentren cierta resistencia. Pero las leyes se tienen que cumplir y los derechos deben ser respetados. Podemos retrasar o entorpecer los procesos, pero estaremos haciendo daño. Y no tendría ningún sentido que una administración pública no implemente políticas para impedir eso.

P: ¿Se podrían haber dado pasos intermedios antes de instaurar esta ley?

R: Llevamos años dando pasos intermedios. Habíamos dado muchos como, por ejemplo, cuando la dirección general de los registros implementó medidas de amparo de los menores o como cuando la ley del deporte implementó cláusulas de no discriminación. Había muchos pasos intermedios. El problema era que siempre íbamos 'peldañito a peldañito' con victorias parciales que son muy fáciles de ignorar. Permitían en muchos casos alegar que ciertas situaciones no estaban estrictamente previstas y que podían entrar en contradicción con otras normas. Al no haber un planteamiento integral les era muy fácil a los incumplidores ignorar esas pretensiones de derecho.

P: ¿Qué bulos giran en torno a esta ley?

R: Ha habido una campaña brutal y sigue habiendo mucha gente en contra de esta ley. Mediáticamente se ha hecho mucho daño. En redes sociales se han movido muchos datos que son falsos. Por no hablar de los memes que, más allá de entretener, han contribuido a la discriminación. Se han lanzado mensajes destinados a provocar un pánico moral que no se corresponden, en absoluto, con la realidad.

Se ha dicho que había mujeres trans en las cárceles de mujeres que eran agresoras sexuales. Ahora mismo, no hay ninguna y, si llegase a haberla, estaría en un módulo de aislamiento. También se hablaba de miles de menores que iban a declararse como personas transgénero y que, por ello, iban a ser objeto de tratamientos abusivos. Ahí están las estadísticas que desmienten todos esos augurios que no se han cumplido.

También se insinuaba que se iba a operar a menores. No se contempla en la ley. En la Ley Orgánica de Protección de la Infancia está reflejado que no se permiten las operaciones estéticas a menores de 18 años.

Hemos escuchado que, si te declaras mujer, te libras de la Ley de Violencia de Género. Pero tenemos once sentencias que han denegado esta pretensión. Lo que pasa es que no lo oímos o lo leemos en la prensa. Sin embargo, el hecho de que cierto 'personaje' se haya declarado mujer para evitar cierta condena por VG sí sale en los programas de televisión.

P: ¿Por qué se genera tanta polémica alrededor de la Ley Trans?
R: Somos un estandarte de una campaña política. En esta idea ultraconservadora de restaurar el orden natural, nos hemos convertido en una especie de pegamento político de muchas reivindicaciones. Lo estamos viendo con todo lo que rodea a Donald Trump. Somos el 0.01% de la población y, aun así, somos uno de los cinco puntos del discurso de inauguración presidencial y de doce de los decretos presidenciales iniciales. No es que seamos tan importantes, es que somos un símbolo. Se nos ha convertido en un símbolo de todo lo que se quiere derribar del modelo liberal y de la idea de que todos somos iguales en dignidad y derechos.

Hay un principio de cómo queremos que sea la sociedad en este debate. Para mucha gente es muy importante que pueda ser legal y lícito discriminar porque si determinadas personas pueden estar privadas de derechos fundamentales, el resto también. Eso es lo que está en juego. En nuestro modelo de sociedad ellos caben, en el suyo nosotros no cabemos, como bien decía Pedro Zerolo.

P: ¿Las leyes tienen la capacidad de realizar cambios sociales o son esos cambios sociales los que dan paso a las leyes?
R: Hay una interrelación. Las leyes ayudan al cambio social y no es posible obtener leyes sin promover un cambio social desde la sociedad civil. Un buen ejemplo de esto fue el matrimonio igualitario. Si lo hubiésemos dejado a votación popular, probablemente no habría salido adelante. Sin embargo, cuando se aprobó la Ley del Matrimonio Igualitario, comenzó a normalizarse, permitiendo así a decenas de miles de personas hacer una vida normal y tener sus familias. En esa ocasión, esa ley fue por delante de la sociedad, en otros casos, es la sociedad la que va por delante de las leyes. En este juego de 'toma y daca' vamos avanzando.

P: ¿Por qué es tan necesaria esta ley en este momento?
R: Ahora mismo somos, claramente, un faro en la oscuridad. Mirad lo que está pasando en Europa del Este o en Estados Unidos. Se nos privado, de la noche a la mañana, de la norma de igualdad, de la identificación, del derecho a participar en los espacios comunes o del derechos a formar parte del ejército o de determinados deportes. En EE.UU. yo no puedo entrar con mi pasaporte, en Hungría se nos prohíbe manifestarnos, En Bulgaria se nos ha declarado 'inexistentes' a las personas trans y en Rusia somos objeto de una terrible persecución.

Con estas leyes mejoramos la vida de la gente que vive aquí, reconociendo derechos a todos los ciudadanos españoles y, además, servimos de ejemplo, a nivel mundial, de cómo tratar con dignidad a la diversidad sexual.

P: ¿Chocará esta ley en Castilla y León con el Gobierno de la Junta?

R: Lo que hace falta es que la Junta se dé cuenta de que no puede estar al margen de la ley y que debe hacer lo que la sociedad y las leyes exigen. Ya se ha presentado un borrador de ley, adaptado a la ley nacional, y lo que tiene que hacer el Partido Popular es discutirlo en las reuniones de trabajo, tramitarlo y aprobarlo.

P: ¿Cómo va a beneficiar esta ley a los menores de edad?

R: Los datos de la Asociación Internacional de Pediatría o de la Agencia de Derechos Fundamentales demuestran que los menores trans a los que no se les reconoce su identidad sufren múltiples patologías, abandono escolar y bullying. O, incluso, el índice de suicido se multiplica por tres en la etapa de la adolescencia. Sin embargo, cuando sí existe ese reconocimiento social de su identidad, todos esos problemas desaparecen. Existen estudios de personas que con 45 años presentan diferentes niveles de inclusión social o estabilidad emocional, dependiendo de si se les reconoció o no. Eso es lo que está en juego. No podemos permitirnos discriminar a menores, poniendo en riesgo su salud o, incluso su vida. No tiene sentido el hacer sufrir a un menor por mantener una serie de principios que la realidad desmiente.