El estudiantado universitario, representado por la Coordinadora de Representantes de las Universidades Públicas (CREUP) y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), pide al Ministerio de Universidades que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, también denominada 'Ley Castells') establezca un sistema de financiación universitaria que permita avanzar hacia la gratuidad de los precios públicos universitarios.

Así lo han trasladado CREUP y CEUNE al Ministerio en la mesa de negociación mixta mantenida este lunes junto a la Conferencia de rectores (CRUE), sindicatos, Consejos Sociales y comunidades autónomas.

La nueva ley establece que los precios públicos universitarios serán fijados por cada comunidad autónoma, dentro de los límites máximos marcados por la Conferencia General de Política Universitaria. No obstante, los estudiantes insisten en la necesidad de garantizar en la futura Ley Orgánica que el sistema de precios públicos tienda a la gratuidad de la primera matrícula universitaria, una idea que el Ministro de Universidades ha compartido públicamente en varias ocasiones, según indican CREUP y CEUNE.

Así, los estudiantes consideran fundamental que la LOSU refleje un sistema de financiación universitaria que cubra las necesidades mínimas de las universidades, evitando que la falta de financiación sea cubierta por las tasas universitarias del estudiantado como ocurrió en 2012 con el "tasazo" de José Ignacio Wert, el ministro de Educación del anterior Gobierno, del PP, según advierten.

Los representantes de estudiantes han destacado la necesidad de garantizar que no vuelva a producirse esta situación, que "expulsó a miles de estudiantes de la educación superior y obligó al estudiantado y sus familias a sustentar económicamente a la Universidad".

Para ello, también reivindican que el aumento del gasto público en educación se produzca en los próximos cinco años en lugar de en los próximos diez años, como ha propuesto el Ministerio de Universidades. A su vez, consideran necesaria una inversión del 2% del PIB estatal, así como una financiación autonómica que cubra las necesidades mínimas de las universidades, como los gastos corrientes o el personal.