Ecologistas en Acción denunció este miércoles que la ejecución del programa europeo Leader 2014-2020 para el desarrollo rural participativo en la provincia de Valladolid, a cargo de la Consejería de Agricultura y de los cinco Grupos de Acción Local (GAL) responsables, "incumple de forma sistemática el objetivo de garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima, dispuesto en los Reglamentos de desarrollo rural europeo".

Desde la agrupación han evaluado los resultados de la ejecución en los últimos ocho años del programa y concluyen que los GAL no han incluido en sus estructuras de gobernanza la representación de las organizaciones ecologistas, y que ,en cuanto a los proyectos financiados, únicamente una asociación o colectivo con fines de protección ambiental ha dispuesto de una ayuda (la asociación medioambiental Grefa, que desarrolló un Centro de Interpretación de la Naturaleza en Villalar de los Comuneros gracias a una ayuda de 13.000 euros).

En cuanto a las acciones ambientales desarrolladas, se ha identificado una docena de proyectos con contenidos ambientales, menos del 3%, con una cuantía inferior al 1% del gasto público del Programa, pese a que en estos territorios se encuentran espacios de especial protección como ZEPAs o LICs.

En tercer lugar, en un comunicado difundido por Ical apuntan que los proyectos con algún contenido ambiental principalmente han sido promovidos por ayuntamientos y se han orientado a actuaciones de acondicionamiento de espacios con una finalidad más de abrirlos al turismo o al ocio, que a la recuperación natural propiamente dicha. De igual forma, aseguran que algunos proyectos productivos han solicitado ayudas para modernizaciones tecnológicas justificadas en criterios de eficiencia energética o de recursos, pero que en la práctica tienen un claro objetivo productivo.

Asimismo, apuntan a la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León como responsable principal del programa europeo Leader, y la acusan de propiciar, "con su propio marco normativo, el incumplimiento por los GAL del objetivo formal de impulsar el desarrollo rural actuando simultáneamente en la mejora de la sostenibilidad social, medioambiental y económica de las zonas rurales".

También lamentan que si bien los 44 GAL de Castilla y León, según datos de la Consejería de Agricultura, han aplicado sus estrategias de desarrollo local en 2.214 de los 2.248 municipios de la Comunidad (más del 98 por ciento del territorio) y han concedido 131 millones de ayudas para financiar 3.868 proyectos, la media por ayuntamiento de fondos anuales recibidos asciende a 4.233 euros por municipio, con "una infrafinanciación que en poco o nada contribuye a paliar los déficit de servicios y las necesidades de protección ambiental de esos territorios".

Por último, subrayan que la tipología prevaleciente de proyectos financiados han sido los productivos, que absorben un 65 por cien de los fondos, destacando los de servicios agrarios para inversiones como la adquisición de maquinaria, primando una orientación de las ayudas a la industrialización y mercantilización de la sociedad rural.

A su juicio, este Programa LEader responde a la denominada modernización rural iniciada con las políticas agrarias productivistas de extensión Agraria de los años 50, fortalecidas con la PAC, que lleva, de un lado, a la crisis de la sociedad rural, el vaciamiento rural, con la eliminación de las explotaciones familiares, al tiempo que la proliferación de macro granjas y grandes explotaciones corporativas orientadas a mercados globales, causando la aceleración del despoblamiento y el envejecimiento generalizado, con una edad media que en los pueblos con menos de mil habitantes se acerca a los 60 años, y en muchos de ellos la superan.

"Desde su responsabilidad ambiental, Ecologistas en Acción de Valladolid considera necesario denunciar esta peligrosa deriva antiecológica de las políticas de desarrollo rural de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León y los GAL", aseguran. Por ello, plantean a los GAL una colaboración para revertir la situación en el nuevo programa Leader 2023-2027, y requieren a la Consejería de Agricultura el cumplimiento "como mínimo" de lo establecido en las normativas y principios ambientales exigidos desde las políticas públicas europeas.