Castilla y León retira 1.700 licencias de armas al año por violencia de género o antecedentes policiales

El número de licencias de armas retiradas en Castilla y León por la Guardia Civil alcanza una media de 1.700 al año, lo que supone 1,5 por ciento del total de las concedidas. La activación de casos en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogen) es el principal motivo por el que se pierde el permiso para utilizar un arma, seguido de la acumulación de antecedentes policiales, resoluciones judiciales, infracciones graves de caza o las resoluciones judiciales o incluso antecedentes de conducta que lleven a la autoridad al convencimiento de que la tenencia de armas supone un riesgo para el resto de la ciudadanía.

El teniente coronel Santiago García Martínez, especialista en intervención de armas y miembro de la Plana Mayor de la Zona de la Guardia Civil en Castilla y León, explica a Ical que en los últimos años la retirada de licencias se ha incrementado notablemente debido al aumento de casos que se incorporan al Sistema Viogen y que suponen que, inmediatamente, se retira la licencia.

Al mismo tiempo, García Martínez explica que la eficacia sobre control de las armas ha mejorado exponencialmente gracias a la utilización de bases de datos que alertan a cada Comandancia cuando una persona en posesión de una licencia comete alguna infracción o delito que genere antecedente policiales o cuando da positivo en un control de alcoholemia. En este caso, la licencia no se retira ante el primer positivo, pero sí en casos de reincidentes.

A pesar de este incremento del número de licencias que se retiran, prosigue Ical, la principal causa que provoca que cada año se reduzcan los permisos de armas es la falta de relevo generacional en la caza. En este sentido, García Martínez apunta que mientras los permisos de las escopetas de caza han caído alrededor del 8 por ciento en los últimos cinco años, las licencias para armas de tiro se han incrementado más de un 15 por ciento. Además, argumenta que más del 62 por ciento de las licencias pertenecen a personas mayores de 50 años, por lo que cada vez son más las personas mayores las que se acercan a depositar sus armas por falta de uso.

En 2012, Castilla y León alcanzó la cifra récord de licencias 142.909. Desde entonces se ha registrado una caída del 20,2 por ciento, al pasar a las 114.003 de este año, aunque desde 2020, cuando se contabilizaron 115.173, los descensos están siendo.

Por provincias, León se sitúa en cabeza con 27.706 licencias, seguida a mucha distancia por Salamanca (17.279), Burgos (14.383), Valladolid (12.190) y Zamora (11.620). En el lado opuesto se sitúa Segovia, con 6.681 licencias, seguida de Soria (7.079), Palencia (7224) y Ávila (9.849).

En cuanto al tipo de arma, las escopetas de caza menor suponen el 60,8 por ciento, con 69.364, mientras que los rifles de caza mayor, con 37.496 licencias, representan el 32,9 por ciento. En tercer lugar, pero solo representando el 1,8 por ciento, aparecen las licencias concedidas al personal privado de seguridad, que suman 2.041, por delante de las armas deportivas de tiro, con 1.822 (1,6 por ciento).

Sin subastas, el año pasado se achatarraron más de 5.700 armas 

Por otra parte, desde la transposición de una normativa de la Unión Europea aprobada en agosto de 2020 a raíz de unos atentados terroristas cometidos en Francia en los que se utilizaron armas rehabilitadas, las tradicionales subastas que venían organizando las comandancias de la Guardia Civil y que se celebraban, como mínimo, una vez al año y en las que se podían encontrar auténticos chollos, han pasado a la historia.

Ahora, cuando a una persona le ha caducado la licencia o bien la ha perdido por un mandato policial o judicial, tiene la obligación de depositar el arma que, antes de ser achatarrada, estará en depósito en dependencias de la Guardia Civil durante un año por si el propietario quisiera recuperarla, siempre que su situación legal se lo permita.

El pasado año se achatarraron en Castilla y León 5.767 armas, pero en 2022 fueron casi 15.000, cuando el total de armas amparadas por licencia en la Comunidad ronda las 205.000. Estas cifras contrastan con las licencias nuevas concedidas que, año a año, se reducen. El pasado fueron 2.153 para armas de caza y 245 para uso deportivo.

Por último, según indicó García Martínez a Ical, cada vez son menos las personas que guardan armas por motivos sentimentales o por coleccionismo, dado que certificado que se exige del Banco Oficial de Pruebas de Éibar, que es el organismo oficial español que se encarga de procesar las armas de fuego para expedir diferentes certificados de sus características, inutilización y certificados de clasificación de armas históricas, cuesta un mínimo de 300 euros.