Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Valladolid se unen para aprobar una moción institucional en el Pleno del próximo lunes. Tratarán así de instar a la compañía Intrum a reconsiderar el despido de 166 trabajadores en Valladolid, un tercio de su plantilla, en apoyo a los trabajadores. 

Desde la Unión General de los Trabajadores (UGT) ponen en duda las razones alegadas por el Grupo Intrum en relación al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado a nivel nacional, que afectará a 702 trabajadores. Se trata de una multinacional sueca que está enfocada en los servicios de gestión de crédito y activos inmobiliarios, donde el sindicato achaca esta hipotética situación trasladada por la compañía a la "mala gestión de la dirección" y la realización de inversiones "poco rentables y acertadas".

El Grupo Intrum se conforma, a su vez, por Intrum SS, Solvia, Aktua y Haya RS, donde los afectados en Valladolid se reparten en su práctica totalidad en Intrum SS, con 165 despidos planteados, y un único trabajador de Solvia, de una plantilla conformada por un total de 516 personas en la ciudad, de las que el 80 por ciento son mujeres y donde se supera ligeramente el salario mínimo interprofesional, detalló el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT, Héctor Yágüez.

Además, aseguró que, en el caso de llevarse a cabo este ERE, habrá una imposibilidad de prestar los servicios actuales, dado que, a día de hoy, los departamentos están en muchos casos infradotados, pese a que se llegue a externalizar las acciones, dijo. 

En el día de ayer tuvo lugar la primera reunión, mientras que la siguiente se celebrará el próximo 31 de mayo, donde se han planteado cerca de siete encuentros a lo largo de un mes como establece la legislación dentro del periodo de negociación, explicaron los trabajadores y delegados sindicales en la empresa, Francisco Martín y Mario Ceinos, quienes trasladaron que las causas "económicas, técnicas, organizativas y productivas" alegadas por la empresa tendrán que ser acreditadas durante dicho periodo de consultas.

También intentarán "aminorar el impacto" de todos los puestos de trabajo, lograr las "mejores condiciones económicas" para todos y buscarán que un volumen importante de personas se pueda marchar de manera voluntaria con el fin de que sea "lo menos lesivo" ante un escenario "traumático", remarcaron.