La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en el marco de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. La operación policial denominada 'ALADIN' se ha saldado con cinco detenidos. Se trata de una actuación que comenzó en el año 2023 tras una investigación por parte de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, que se centró en una red criminal formada por cinco integrantes con vínculos familiares, los cuales habrían creado un entramado de empresas que se sucedían en el tiempo.

El objetivo era disponer de certificados negativos de descubiertos ante la Seguridad Social para seguir siendo contratados por sus clientes. Una vez generada la deuda en la empresa que en cada momento prestaba formalmente los servicios agrarios, procedían a tramitar la baja de esa empresa y tramitar el alta de una nueva, con un nuevo titular sin deudas pendientes con la Seguridad Social, en la que se daban de alta a los mismos trabajadores incluyendo incluso a los anteriores titulares de las empresas. Las indagaciones permitieron demostrar que los integrantes no figuraban como empresarios. De hecho, se encontraban en diversas ocasiones prestando servicios como trabajadores por cuenta ajena en las empresas que conforman el entramado.

Gracias a las gestiones operativas de investigación y fruto de la colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid se detectaron un total de cinco empresas, las cuales se constituyeron con el fin de defraudar y aumentar exponencialmente el lucro personal de los miembros del entramado ahora desarticulado. Los arrestados se dedicaban a la intermediación agraria. Es decir, proporcionaban a los agricultores mano de obra para trabajar en el campo, donde realizaban labores tales como vendimia, recogida de patata, poda en seco, etc. Los trabajadores eran seleccionados y dados de alta en la Seguridad Social por la empresa intermediaria, quien al finalizar los servicios emitía una factura al agricultor, su cliente. 

De esta forma, aumentaban la deuda con Seguridad Social, ya que no se cubrían las cuotas establecidas por las contrataciones. En el momento de comenzar a recibir requerimientos de pago o tener que realizar nuevos contratos con clientes que exigían el certificado de estar al corriente de pago con Seguridad Social sería el momento en que otro miembro del grupo entraría en juego, creando una nueva empresa a su nombre, con idéntica actividad, mismos trabajadores y clientes. Todos ellos ya habían sido titulares de empresas unipersonales y, por lo tanto, a su propio nombre figuraba una deuda sin cubrir con Seguridad Social a excepción de la última integrante que se inscribió como empresaria individual del Régimen General de la Seguridad Social en el mes de julio del año pasado por la actividad de "apoyo a la agricultura".

La organización operaba principalmente en la provincia de Valladolid, aunque en ocasiones expandían su actividad a otras provincias limítrofes como Segovia. Los descubiertos de cuotas de la Seguridad Social del conjunto de empresas ascendieron a más de 2250.000 euros, al margen de otras cantidades debidas en concepto de deudas también generadas por los titulares de las empresas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos como, por ejemplo, sanciones propuestas por infracciones a normas en materia de Seguridad Social y desempleo e infracciones en materia de extranjería, y los 120.000 euros por una sanción de obstrucción a la labor inspectora al no identificar a un total de 29 trabajadores extranjeros.