La Fiscalía y la defensa han pactado la imposición de un año y seis meses de prisión para un hombre que iba a ser juzgado este lunes, 15 de enero, en Valladolid, Abdelkarim I., por captar a personas extranjeras para trabajar en servicios agrícolas, que desarrollaban más de diez horas al día y vivían hacinados.

La vista oral, en la que el ministerio público iba a pedir inicialmente cuatro años de prisión, finalmente no se ha celebrado ante el acuerdo alcanzado entre las partes que, además de la pena de cárcel, conlleva el pago de una indemnización de 2.000 euros a cada uno de los tres trabajadores afectados.

El fallo, adelantado en la Sala por el magistrado presidente, incluye también el abono de una multa de 810 euros, nueve meses a razón de tres euros diarios.

Los hechos descritos por el fiscal en sus conclusiones provisionales, que ha admitido el encausado, establecen que el procesado, actuando como empresario individual de una mercantil de servicios agrícolas, desde enero de 2021 se dedicó a la captación de personas extranjeras en situación de necesidad.

Sin importarle su condición de residentes legales o irregulares en España, les captó con el fin de que realizaran tareas para su empresa, imponiéndoles unas condiciones laborales que contravenían la normativa en la materia para el sector, en perjuicio de los afectados.

En esta situación se encontraron tres trabajadores de nacionalidad marroquí, uno de ellos en situación irregular en territorio español, que trabajó con documentación que le facilitó el propio acusado.

Las personas captadas para estas labores trabajaban más de diez horas al día sin contrato ni nómina real, faenando incluso de noche si era preciso, sin derecho a descanso ni vacaciones, por un salario que en principio se pactó que iba a ser de seis euros a la hora, pero nunca se cumplió.

El acusado entregaba a los trabajadores pequeñas cantidades para que pudieran sobrevivir, de las que les descontaba cinco euros diarios por el transporte hasta el lugar en el que debían desarrollar su tarea.

El encausado disponía en alquiler de dos casas en Valladolid en las que convivían los perjudicados, en una de ellas con más de catorce personas y en otra con otras cuarenta, sin las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene en ambos casos.

Las partes han convenido que el encausado abone tanto la multa como la indemnización impuestas en un plazo de veinticuatro meses con un pago mensual de 283,75 euros.

Además se ha establecido la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad durante tres años, condicionado a que el procesado no vuelva a delinquir durante ese tiempo, que pague las cantidades económicas fijadas, esté a disposición del tribunal y comunique cualquier cambio de domicilio.