Seis meses después de que su publicación en el BOE, este viernes entra en vigor la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales aprobada el pasado 9 de febrero en el Congreso de los Diputados y promovida por la Ministra en funciones de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra. Una ley que nació con el ánimo se de ser un marco normativo global para luchar contra los problemas que atañen a las 29 millones de mascotas que se estima que hay en España, tales como el abandono, maltrato o la falta de identificación, entre otros. Sin embargo esta norma no deja totalmente satisfecho a casi nadie.

Con muchos aspectos aún en el aire, la ley es vista inicialmente como un avance positivo por parte de veterinarios y animalistas, aunque ambos colectivos coinciden en la incertidumbre que supone la falta de desarrollo normativo de los distintos artículos.

El presidente de Colegio de Veterinarios de Valladolid, Rufino Álamo, afirma que "como profesionales de la sanidad y del bienestar animal", su colectivo considera "que cualquier norma que pueda venir en ese ámbito" les va a "parecer bien". No obstante, lamenta que haya "aspectos profesionales que no haya sido atendidos". Como por ejemplo, en lo que se refiere a la eutanasia "hace una prohibición taxativa y no entiende que hay muchas circunstancias que, aunque haya procedimientos médicos para tratar la enfermedad del animal, el responsable del mismo no puede soportarlos económicamente", entonces la prohibición del sacrificio, en ese caso, "en una situación que lejos del bienestar se está produciendo un malestar", apunta.

Desde un punto de vista general, Álamo remarca que "ha entrado en vigor una ley en la que hay muchos aspectos que dice que se desarrollarán reglamentariamente pero no se ha producido ese desarrollo". Como por ejemplo, "el curso de formación obligatoria para la tenencia de mascotas que, como no está desarrollado, no está disponible y no es de aplicación", detalla. O "la obligatoriedad, exclusivamente para los perros, de contar con un seguro de responsabilidad civil". En este ámbito, "hay una norma previa que es la de los perros potencialmente peligrosos, que se establecía la obligatoriedad de ese seguro con una cuantía mínima de 120.000 euros". Con la nueva norma, que aún no se ha desarrollado, se "aconseja que se tenga ese seguro, aunque no se establece la cuantía" y que sugiere que "se revise si en los seguros que ya se tienen, como puede ser el del hogar, está incluido ese aspecto", agrega.

No obstante, desde el punto de vista profesional, Álamo asegura que la norma "tiene aspectos verdaderamente relevantes positivos". Como por ejemplo, "que se establezca la obligatoriedad de una revisión periódica de las mascotas por parte de un profesional veterinario", aunque "ni se establece la periodicidad ni se establece de qué ámbito. Queda pendiente de desarrollo.", explica. Asimismo, también considera positivo "el hecho de que se prohíba la alimentación con vísceras" ya que "en esta Comunidad hemos tenido muchos años problemas con lo que se llamaba el 'alpiste del perro' que provocaba enfermedades como la hidatidosis", a lo que se sumaba que "un animal enfermo puede ser foco de contaminación para los convivientes próximos".

Los perros de caza se quedan fuera

Coordinador de Educación de la asociación animalista Libera Valladolid, Chema Lera, considera que la ley es positiva pero "se ha quedado un poco corta" y "entre nada y un poco..., mejor ese poco", indica Lera. Según el miembro de Libera, ha faltado "valentía por parte del PSOE" para hacer una norma más completa: "La ley en principio iba a ser bastante más amplia, iba a abarcar bastante más, pero luego el Partido Socialista presionado por el 'lobby de la caza' sacó a los perros de caza. Lo cual fue una lástima", lamenta. Aparte de esos "canes de trabajo", queda fuera de la ley la tauromaquia, ya que, apunta Lera, "una ley no puede tratar la tauromaquia en este país", puesto que "la sociedad española aún no está preparada para ese golpe de efecto", aunque, añade "cada vez hay más rechazo a las prácticas crueles".

Chema considera positivo el artículo dedicado a la eutanasia, en el que, según su visión, "lo que no se puede sacrificar a un perro sano". En este sentido, matiza que "una cosa es la eutanasia, que es cuando un animal no tiene curación y es para evitarle un sufrimiento innecesario". "Lo otro es un crimen, que hasta ahora se estaba haciendo, sobre todo en perreras que a los 20 días si el animal no era adoptado, lo mataban", afirma.

Por otro lado, aunque remarca que hay muchos aspectos positivos en la norma, como el seguro obligatorio, lamenta que falten aún "desarrollos normativos que tienen que complementar la ley" y que "mientras esté el gobierno en funciones, no se van a poder poner en marcha".