El TSJCyL ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que absolvió a un hombre, Miguel Ángel M.F., que había sido acusado de un delito de abuso sexual, supuestamente cometido al practicar un masaje corporal el 20 de junio de 2021 en un centro de masajes en el que trabajaba.

La sentencia absolutoria ahora confirmada consideró que no había ninguna prueba objetiva de que fuera cometido el delito, por el que se desarrolló el juicio el pasado 21 de febrero. Durante la vista oral, el encausado, quien aseguró que nunca da masaje de senos, explicó que el día de los hechos dio masajes a la denunciante de tipo facial, relajante y de pies, un trabajo que realizó en bloque durante unas dos horas en total.

Relató cómo primero masajeó a la denunciante boca abajo la zona lumbar, la zona baja de la espalda, el sacro y la enervación de la cadera y rechazó que tocara la zona inguinal y se quedara al límite del área genital, igual que negó que masajeara los glúteos.
 La víctima, de unos 35 años, en su declaración durante la vista oral narró que tuvo la sensación de que el procesado estuvo cerca de la zona genital y, aunque no llegó a tocarla en ese área, hubo "un pase de mano bastante violento", tras lo que subrayó que le tocó el pecho y le dio pellizcos en los pezones.

Al salir del masaje, la denunciante, según manifestó en el juicio, no dijo nada de lo ocurrido ni en el centro en el que se lo dieron, ni a su madre, que había acudido con ella a darse otro masaje, tras lo que se fue a pasear y le contó lo sucedido a una amiga y después a su pareja, además de comunicar lo ocurrido a un fisioterapeuta y a una quiropráctica, tras lo que se planteó denunciar.

Especificó que acudió a su psicólogo y que después de lo ocurrido se le activó un miedo a estar sola, a que en cualquier momento pudiera pasar cualquier cosa. La fiscal había solicitado una pena de un año de cárcel y la prohibición de aproximarse a la víctima durante cinco años por un delito de abuso sexual, mientras la acusación particular había pedido un año y medio de prisión, el mismo tiempo que de inhabilitación profesional, además de una indemnización de 50.000 euros.

La defensa había reclamado la absolución y apoyó su alegato, entre otras cuestiones, en la respuesta a una pregunta que formuló al psicólogo de la mujer, quien declaró como perito y consideró que se podría estar "ante una recreación mental".