La familia del teniente coronel de la Guardia Civil Pedro Alfonso Casado, fallecido el 30 de junio de 2022 tras su actuación como mediador en un secuestro en Santovenia de Pisuerga, se ha presentado como acusación particular en el proceso judicial, solicitando una condena de 84 años de cárcel para el acusado.

En un comunicado, la Asociación APROGC ha indicado que la esposa y las hijas del guardia asesinado ejercen el derecho de personación, con la atribución de cargos por delitos de asesinato, tentativa de asesinato, atentado contra la autoridad, secuestro, coacciones y tenencia ilícita de armas, tipificados con penas que oscilan entre los 2 y los 25 años de cárcel.

Además, la familia exige una compensación por el daño moral y el lucro cesante incurrido, el cual ascendió a 600.000 euros. Asimismo, reflejan en su escrito que el acusado no contaba con la autorización para poseer armas de fuego y que no se han detectado circunstancias que alteren su responsabilidad penal.

El letrado que actúa en nombre de la familia se ha unido a las evidencias presentadas por el Ministerio Público y los otros interesados, incluyendo el cuestionamiento del acusado y los testimonios de testigos importantes. Pedro Alfonso Casado, de Vitoria, fue víctima de un disparo en la cabeza por parte de un asaltante que se había refugiado en su hogar tras cometer el asesinato de un vecino.

El Teniente Coronel, encargado de la operación, intentó negociar con Pablo A.S.H., también conocido como "El Chiqui", quien se había mantenido en su casa durante varias horas con su yerno como rehén. El teniente coronel resultó herido tras recibir un disparo en la cabeza desde el interior de una vivienda cerrada. Las lesiones sufridas eran muy graves, por lo que finalmente falleció en el Hospital Clínico de Valladolid cuatro días después.

El hecho ocurrió en la noche del 30 de junio de 2022, cuando la Guardia Civil fue solicitada para interceder en una discusión entre dos familias vecinas.