Cruce de reproches entre partidos y diferentes propuestas de los candidatos municipales han marcado esta sexta jornada de la campaña electoral en la Comunidad.
María Sánchez, candidata a la Alcaldía de Valladolid, ha presentado este jueves una propuesta de su programa electoral consistente en una "Tasa Amazon" que afectará a cualquier operador postal que facture más de un millón de euros en entregas a domicilio en la ciudad. Esta medida busca favorecer e impulsar el comercio local, según explicaron fuentes de la candidatura en un comunicado.
Con la nueva tasa, el gobierno pretende incentivar el uso de los 'lockers' y puntos de recogida, y gravar a los grandes operadores del reparto de mercancías compradas por internet entregadas a domicilio. Esto, según explicó, persigue cambiar los hábitos hacia el comercio local para evitar que los vehículos de reparto ocupen el espacio público, lo que conllevaría a congestión y contaminación.
La concejala María Sánchez explicó que la intención de la propuesta de impuesto a las grandes empresas de comercio electrónico es promover un consumo "más sostenible" y evitar el "agravio comparativo" entre el comercio físico y el comercio electrónico. Aclaró que esta tasa no afectaría al consumidor final, ni a las entregas entre negocios ni al pequeño repartidor autónomo.María Sánchez señaló que esto supone un coste para el Ayuntamiento en cuanto a mantenimiento, y que, de acuerdo con el principio de progresividad fiscal, estos gastos deben ser asumidos por aquellos que los generan en función de su capacidad económica.
Valladolid Toma la Palabra explicó que para calcular la tasa de forma precisa se debe elaborar un informe que determine el precio del espacio público de Valladolid. A partir de ahí, se debe establecer el porcentaje de tasa para cada empresa según su volumen de negocio en la ciudad. Finalmente, debe aprobarse la ordenanza fiscal correspondiente, teniendo en cuenta que los cálculos que hay detrás del diseño de la tasa deben hacerse con precisión, consenso y garantías legales para evitar cualquier impugnación de las empresas.
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