El Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA) y el Colegio de Procuradores de Valladolid se unen para recoger en un manifiesto su "preocupación" por los "retrasos y las graves consecuencias de las sucesivas huelgas", ahora la de funcionarios, en la Administración de Justicia. Ambas instituciones han remitido este miércoles a las autoridades judiciales un escrito donde instan a las partes a llegar a un acuerdo; y en el que exigen un reporte diario del grado de cumplimiento de los servicios mínimos establecidos, un preaviso de las suspensiones con al menos 24 horas de antelación, y el libre acceso de los profesionales a las oficinas de los juzgados y los tribunales, que fue restringido con la llegada del COVID-19. 

"El grave escenario en el que nos encontramos es la consecuencia de encadenar la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) con la de los funcionarios, que está anunciada como indefinida a partir del 22 de mayo. Los más afectados son los ciudadanos, pero también los abogados y procuradores, quienes llevamos a cabo una labor esencial", explica el decano del ICAVA, Javier Martín. Por su parte, la vicedecana del Colegio de Procuradores de Valladolid, Emilia Camino, hace alusión a la responsabilidad de los profesionales: "Respetamos plenamente el derecho a la reclamación de mejoras laborales y salariales, pero la crisis económica e institucional nos obliga a anteponer el derecho fundamental de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva a los intereses particulares".

Aviso anticipado de las suspensiones

"El hecho de que las suspensiones no se comuniquen con suficiente antelación está generando importantes pérdidas de tiempo y gastos de desplazamientos tanto a ciudadanos como a profesionales", advierte el decano del ICAVA. Por ello, los dos colegios vallisoletanos reclaman un preaviso de al menos 24 horas tanto para ellos como para las partes, los testigos y los peritos. Entre sus exigencias, también se incluye el reporte diario del grado de cumplimiento de los servicios mínimos y las personas que secundan la huelga, con el objetivo de controlar y denunciar cualquier actuación fuera de la legalidad.

El manifiesto también se dirige a la ciudadanía, a quien recomienda recurrir a métodos alternativos como la negociación, la mediación y el arbitraje para solventar conflictos sin necesidad de acudir a los procesos judiciales, mientras dure la huelga.

Finalmente, los abogados y procuradores reclaman la entrada libre a las oficinas de los juzgados y tribunales, un acceso que fue limitado con la llegada de la pandemia de COVID-19. Además, piden que las comparecencias o actos procesales se lleven a cabo en la secretaría o la sala de vistas en cada caso y no en los pasillos de las sedes judiciales o en la puerta de la oficina judicial y que las vistas y juicios se celebren en sala de forma presencial.