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Abogacía y procura de Valladolid plasman su preocupación por las sucesivas huelgas en Justicia

Los colegios profesionales instan a las partes a que se reúnan para llegar a un acuerdo que permita retomar la actividad cuanto antes

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Abogacía y procura de Valladolid plasman su preocupación por las sucesivas huelgas en Justicia
Aitana Sánchez Hernández
Aitana Sánchez Hernández
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El Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA) y el Colegio de Procuradores de Valladolid se unen para recoger en un manifiesto su "preocupación" por los "retrasos y las graves consecuencias de las sucesivas huelgas", ahora la de funcionarios, en la Administración de Justicia. Ambas instituciones han remitido este miércoles a las autoridades judiciales un escrito donde instan a las partes a llegar a un acuerdo; y en el que exigen un reporte diario del grado de cumplimiento de los servicios mínimos establecidos, un preaviso de las suspensiones con al menos 24 horas de antelación, y el libre acceso de los profesionales a las oficinas de los juzgados y los tribunales, que fue restringido con la llegada del COVID-19. 

"El grave escenario en el que nos encontramos es la consecuencia de encadenar la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) con la de los funcionarios, que está anunciada como indefinida a partir del 22 de mayo. Los más afectados son los ciudadanos, pero también los abogados y procuradores, quienes llevamos a cabo una labor esencial", explica el decano del ICAVA, Javier Martín. Por su parte, la vicedecana del Colegio de Procuradores de Valladolid, Emilia Camino, hace alusión a la responsabilidad de los profesionales: "Respetamos plenamente el derecho a la reclamación de mejoras laborales y salariales, pero la crisis económica e institucional nos obliga a anteponer el derecho fundamental de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva a los intereses particulares".

Aviso anticipado de las suspensiones

"El hecho de que las suspensiones no se comuniquen con suficiente antelación está generando importantes pérdidas de tiempo y gastos de desplazamientos tanto a ciudadanos como a profesionales", advierte el decano del ICAVA. Por ello, los dos colegios vallisoletanos reclaman un preaviso de al menos 24 horas tanto para ellos como para las partes, los testigos y los peritos. Entre sus exigencias, también se incluye el reporte diario del grado de cumplimiento de los servicios mínimos y las personas que secundan la huelga, con el objetivo de controlar y denunciar cualquier actuación fuera de la legalidad.

El manifiesto también se dirige a la ciudadanía, a quien recomienda recurrir a métodos alternativos como la negociación, la mediación y el arbitraje para solventar conflictos sin necesidad de acudir a los procesos judiciales, mientras dure la huelga.

Finalmente, los abogados y procuradores reclaman la entrada libre a las oficinas de los juzgados y tribunales, un acceso que fue limitado con la llegada de la pandemia de COVID-19. Además, piden que las comparecencias o actos procesales se lleven a cabo en la secretaría o la sala de vistas en cada caso y no en los pasillos de las sedes judiciales o en la puerta de la oficina judicial y que las vistas y juicios se celebren en sala de forma presencial.

 

 

1 comentario

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usuario anonimo 5/18/2023 - 10:50:43 PM
Hace falta tener la cara de cemento armado para proponer semejantes majaderías. 1.- NADIE está obligado a preavisar del ejercicio de su derecho constitucional a la huelga. 2.- No está permitido el acceso a las oficinas judiciales a ningún profesional porque no está permitido a ningún ciudadano, y aunque piensen que abogados y procuradores son una raza superior, NO SON MAS QUE CUALQUIER OTRO CIUDADANO. 3.- La inmensa mayoría de retrasos y suspensiones viene causada por su falta de profesionalidad y mala fe procesal de estos "profesionales", siendo regla general la utilización de días de gracia y la utilización torticera del derecho para provocar suspensiones. 4.- Son los propios procuradores quienes permanentemente solicitan las comparecencias telemáticas sin ningún motivo, estirando la normativa anticovid con el fin de no tener que acudir a las vistas. 5.- Diariamente se remite a la gerencia de justicia un listado con los funcionarios presentes y los funcionarios que cumplen servicios mínimos, que dicho sea de paso, son más que amplios, con lo que su estúpida reclamación se solucionaría con una consulta a la gerencia. 6.- Anteponer el derecho a la tutela judicial al derecho de huelga en justicia equivaldría a la imposibilidad de su ejercicio por los funcionarios de justicia. 7.- Este tipo de comentarios aberrantes me gustaría haberlos escuchado durante la huelga de Letrados, una actitud clasista muy propia de estos dos colectivos. Dejen ustedes de engañar a la ciudadanía
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