El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, ha pedido este martes en su informe anual referido al año 2022 que la Junta implemente políticas de fomento del alquiler social, con un mayor parque público de vivienda, y acabe, asimismo, con la cita previa instaurada por la covid.

Así lo ha expresado el Procurador del Común durante su presentación en el plenario de las Cortes de su informe, en el que se tramitaron un total de 8.247 expedientes y se formularon un total de 1.807 quejas.

Entre las recomendaciones incluidas en este informe, en el ámbito de vivienda, Quintana ha detallado que su departamento recibió 18 quejas, especialmente vinculadas con colectivos vulnerables.

Al respecto, el Procurador del Común ha instado a la Junta a "dirigir la política de vivienda en favor del fomento del alquiler social, abordando las modificaciones normativas y compromisos presupuestarios necesarios para ampliar el parque público de vivienda en alquiler, con un número de inmuebles que permita atender las situaciones de especial y urgente necesidad".

Asimismo, Quintana ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda, Ordenación del Territorio que promueva las modificaciones normativas oportunas para que los titulares de vivienda de protección puedan realizar reformas que permitan incrementar la superficie útil de las viviendas cuando ello "esté justificado por el aumento de los miembros de la unidad familiar".

FIN A LA CITA PREVIA

Ya en el ámbito sanitario, el Procurador del Común ha considerado oportuna la supresión de la cita previa obligatoria para poder acudir a cualquier dependencia de la Administración, especialmente en el ámbito sanitario, algo establecido a raíz de la pandemia de la covid.

"La atención presencial debería estar abierta a los ciudadanos sin más condicionantes que los estrictamente necesarios, entre los que no se considera que la cita previa sea imprescindible", ha argumentado Quintana, en una resolución que fue aceptada por la Administración.

EL INFORME

En su presentación, Quintana ha subrayado que prueba de que el año 2022 ha sido "más o menos normal" es que no se han recibido quejas directamente relacionadas con la covid, ya que el 2022 ha sido el año de "la superación de la crisis sanitaria. Si no en su totalidad, sí en la mayor parte de sus efectos".

Quintana ha señalado que en el año 2022 se tramitaron 63 actuaciones de oficio promovidas por el Procurador del Común, sobre temas considerados de interés para el ejercicio de derechos por la ciudadanía.

En estas cuestiones están la exclusión financiera de las personas que residen en municipios rurales; las deficiencias de la atención pediátrica en el mundo rural, la evaluación de la contaminación lumínica producida por las instalaciones de alumbrado público; o las condiciones de uso en que se hallan las ambulancias del servicio de transporte sanitario, entre otras.

Finalmente, Quintana ha destacado que en 2022 se dictaron un total de 1.533 resoluciones, 298 más que el año anterior, de ellas 170 supusieron un archivo por inexistencia de irregularidad y en 1.363 se formuló resolución o recomendación.EFE