El Procurador del Común recibió 1.807 quejas, de las que 16 han sido consideradas múltiples, durante 2022, un año de "normalidad" en el que las reclamaciones ciudadanas vinculadas directamente con la pandemia del COVID-19 han desaparecido y han emergido las relacionadas, por ejemplo, con la ubicación de parques eólicos y fotovoltaicos en el medio rural, junto a las derivadas de la conservación de los centros escolares y las habituales en otras materias.

Tomás Quintana entregó este martes al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, el Informe Anual relativo a la actividad de la Institución durante el pasado año, cuando la institución, con sede en León, impulsó 63 actuaciones de oficio, tramitó 8.247 expedientes y dictó 1.533 resoluciones, de las que se aceptaron el 88,92%, un porcentaje superior a de los dos ejercicios anteriores.

Quintana señaló que este informe, facilitado a los procuradores y publicado en el portal web, es un "compendio" del trabajo realizado, pero que supone también una "radiografía" de las preocupaciones mostradas por los ciudadanos de la Comunidad. Dijo que está previsto que se debata en un pleno monográfico en mayo o junio, en función del "calendario" del parlamento autonómico.

Tomás Quintana expresó su satisfacción porque el grado de aceptación haya aumentado desde el 86% de 2021 a casi el 89% en 2022, porque se ha tenido en cuenta la propuesta hecha a la administración correspondiente y porque supone que se ha resuelto un problema planteado por los ciudadanos.

Sobre la procedencia de las 1.807 quejas recibidas, la provincia de León ha sido en la que se han presentado más, con 389, seguida de Valladolid con 274; Burgos, con 201; Salamanca, con 157; Palencia, con 148; Ávila, con 107; Zamora, con 98; Segovia, con 87, y Soria 59. Quintana apuntó que existe una "relación directa" entre el número de habitantes y las reclamaciones, algo que consideró "razonable".

Sobre la procedencia geográfica, indicó que 137 se presentaron por personas de otras provincias distintas a las de Castilla y León y un número muy reducido por residentes en el extranjero. También hubo 146 en las que sus impulsores no manifestaban su domicilio y provincia, algo que no es obligatorio. El procurador del Común recordó que no se admiten quejas anónimas, sino que simplemente se debe hacer constar el nombre, apellidos y el DNI.