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La tasa de basuras vuelve a Valladolid ocho años después
Esta ley, que entró en vigor el pasado mes de abril, tiene como objetivo implantarse en 2024
El Ayuntamiento de Valladolid, en septiembre del 2015, eliminó la tasa de basuras. Ocho años después, los ciudadanos vallisoletanos estarán obligados a pagar estos mismos impuestos con una nueva ley similar. Un tributo que suponía para el municipio un ingreso de diez millones de euros. El plazo de los ayuntamientos para establecer este impuesto es de tres años, desde el pasado mes de abril que entró en vigor hasta implantarse en 2024.
El tratamiento de residuos y el reciclaje son dos de los problemas más presentes en la sociedad y en la administración. Esta tarea pendiente depende de la actividad que realiza cada ciudadano en su vivienda particular y del trato que luego se le da en las plantas de reciclaje. La necesidad de alcanzar la denominada economía circular es clara, para alcanzar con éxito este objetivo social solo se necesita mayor concienciación y dinero público. La Concejalía de Seguridad y Salud Pública ya trabaja en esta nueva ordenanza dedicada a la recogida de residuos y limpieza, aunque aún no se ha definido su importe.
Se trata de una ley que refleja el mismo principio que se estableció hace tres décadas, 'quien contamina, paga', además de exigir una tasa específica para la financiación de los servicios municipales de recogida y gestión de los residuos. Con todo y con ello, la normativa incluye otro tributo que está vigente desde el 1 de enero de 2023 y que grava la entrega de residuos en vertederos y su eliminación o valorización energética en estas instalaciones. Con ello, se pretende fomentar la sensibilización, la reutilización y el reciclaje y obliga a las instituciones a pagar 30 euros por cada tonelada de residuos que se envíen al vertedero.
Para calcular la tasa que deberá pagar cada Ayuntamiento en este impuesto regional se multiplicará las toneladas eliminadas en el vertedero por la tarifa de 30 euros por tonelada. En Valladolid hay más de 170.000 de estas últimas al año, lo que supondría un gasto municipal de más de cinco millones. Con esta nueva ley se pretende reducir el volumen de los residuos y separar su origen, evitando abandonar residuos en la calle o en el contenedor incorrecto, sin verterlos a la red de saneamiento ni extraerlos de contenedores.
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