El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha remitido una carta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha querido mostrar su "preocupación" por lo sucedido en los últimos días ante la polémica por las medidas 'provida' anunciadas el pasado jueves por el vicepresidente regional y en la que ha aclarado que "no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo" porque "está ajustado a la ley y al criterio clínico". En este sentido, ha incidido en que "no se obligará a nada" ni a las mujeres que decidan abortar, ni a los profesionales sanitarios.

Asimismo, el presidente del Ejecutivo regional ha lamentado que el Gobierno central "haya decidido combatir con inusitada fuerza" una cuestión que ha calificado de "irreal".

Esta es la carta íntegra que ha remitido Alfonso Fernández Mañueco a Pedro Sánchez:

"Señor Presidente:

En la defensa de los intereses de Castilla y León y de las personas que viven en ella, como Presidente de la Junta de Castilla y León, con plena lealtad institucional, le muestro mi preocupación por distintas decisiones, declaraciones y comunicaciones del Gobierno que preside en relación a la acción de gobierno que ejerce la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo a sus competencias y siempre desde el absoluto respeto a la Ley y a la Constitución Española.

Tanto España como Castilla y León afrontan problemas muy serios que necesitan de unidad entre administraciones, sentido de Estado y rigor en la gestión para ser abordados. Por ello, lamento profundamente que su Gobierno, en vez de afrontar los problemas reales de la ciudadanía, haya decidido combatir con inusitada dureza una cuestión irreal, y haya anunciado el envío de un requerimiento a la Junta de Castilla y León sobre un asunto inexistente.

Tal y como se lo comunicó el consejero a la ministra de Sanidad por carta el pasado viernes y tal y como expresé formalmente, en el día de ayer, en una declaración institucional y pública, le reitero ahora por escrito que no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo, que está ajustado a la legislación nacional vigente y al criterio clínico en
cada caso. No se obligará a nada ni a los facultativos ni a las mujeres, por lo que le ruego abandone los esfuerzos de su Gobierno en cuestiones ficticias para poder centrarse en la realidad y en sus competencias.

Sin ir más lejos, hubiésemos preferido que el Ministerio de Sanidad hubiese ejercido, en este caso sí, sus competencias para paliar el déficit de médicos que padece nuestra Atención Primaria a nivel nacional o que el Ministerio de Igualdad se preocupase por los dos centenares de agresores sexuales que ya han visto rebajadas sus penas o salido de prisión en toda España por la entrada en vigor de la Ley de Garantía integral de la libertad sexual.

Afrontar estos dos asuntos serviría para resolver un problema real sanitario que su Gobierno no ha querido afrontar en cuatro años y corregido los efectos de un grave perjuicio a los derechos de las mujeres que el Ejecutivo que usted encabeza ha cometido directamente. Lamento su indolencia en ambos casos, y le solicito que reflexione al respecto. Con todo respeto, el Gobierno que ha provocado el mayor retroceso en la defensa de las mujeres con una ley equivocada y aún no corregida carece de autoridad para dar lecciones en esta materia.

Señor Presidente, Castilla y León es una Comunidad que siempre ha hecho gala de un sentido inquebrantable de la lealtad institucional, y es por ello que también resulta revelador que el mismo Gobierno que ha iniciado un proceso de requerimiento contra esta Administración por este asunto ignore que otros ejecutivos autonómicos incumplan sistemáticamente la legislación española en ámbitos como la educación.

Sin otro particular, considero aclarados los términos de esta cuestión, sin detrimento de que su requerimiento será respondido expresamente a través de los cauces formales oportunos.

Así mismo, agradezco que dé traslado de esta carta a su ministra de Sanidad y candidata de su partido en las próximas elecciones, a efectos de que pueda hacer sus futuras declaraciones basándose en la realidad de los hechos, y no en falsedades prolongadas en el tiempo.

Sin más, me pongo a su disposición para que nuestras respectivas administraciones colaboren para resolver los problemas de los castellanos y leoneses en el marco de nuestras competencias".