El Ayuntamiento de Valladolid y el Ministerio de Justicia firmaron este martes, 20 de diciembre, un acuerdo que pone plazo al inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia en la ciudad vallisoletana. 2024 es el año marcado para el inicio de las obras, toda vez que ya en 2023, según el protocolo firmado hoy, se licitará el anteproyecto, se dividirá en fases y se redactará el proyecto de ejecución de cada fase.

El protocolo establece un presupuesto total de 79.807.200 euros, que se divide en dos fases. Una primera fase, que incluye la finalización de la cesión y afectación de las parcelas y la licitación del anteproyecto, ya en 2023, y su redacción y construcción de la primera parte del edificio entre 2024 y 2027, con la que se espera responder a las necesidades de unificación de sedes para responder a las necesidades actuales de la Justicia en Valladolid, y una segunda fase, entre 2028 y 2031, para la ejecución de las obras que "atiendan a las necesidades futuras".

El acuerdo, que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, definió como "bueno, más allá de las diferencias hasta lograrlo, que las ha habido", también incluye un acuerdo de reversión de la parcela, de vuelta al Ayuntamiento, en caso de que los plazos fijados tengan una desviación de hasta el 30 por ciento.

Acuerdo de reversión

El protocolo firmado también incluye una división del coste previsto entre la redacción del proyecto y la dirección de obra, que se prevé licitar en 2023 con un importe de tres millones de euros procedentes de las partidas no territorializadas del Ministerio de Justicia; la obra en sí, que contará con 69.520.000 euros para las dos fases acordadas; la implantación de los servicios, dotada con 3.787.200 euros; y la construcción de un aparcamiento subterráneo, con 3,5 millones de dotación.

Además, el protocolo incluye un acuerdo de reversión por el que las parcelas volverían al Ayuntamiento de Valladolid en caso de que el Ministerio no desarrolle el proyecto en los plazos marcados, con una desviación de un 30 por ciento, siempre y cuando sea por causas propias y no ajenas a la propia Administración estatal, como que el concurso de licitación quede vacío u otras circunstancias no dependientes del Gobierno central.