El juzgado de Valladolid se abrirá el próximo lunes 5 de diciembre cuando la 'popular' Inés María F.S, edil del PP del Ayuntamiento de Bobadilla del Campo, sea acusada de un delito de estafa cometido cuando, haciéndose pasar por funcionaria de Hacienda, se ofreció a una amiga como mediadora para que ésta levantara el embargo de un piso y se ingresó en una cuenta propia distintas cantidades que la víctima le fue entregando para tal fin.

La concejal podría ser condenada a tres años y seis meses de prisión, multa de 2.700 euros e indemnización al perjudicado por más de 1.000 euros, según el escrito de calificación provisional de la Fiscalía.

El hecho comenzó en septiembre de 2019 como una relación amistosa entre el imputado y la víctima, cuando ambas llevaban a sus respectivos hijos al mismo colegio de Medina del Campo.

En esta relación de confianza, la agraviada le dijo a la alcaldesa que su madre y otros dos familiares habían heredado un piso que pretendían vender, pero no podían hacerlo al existir un embargo de Hacienda por importe de 10.041 euros respecto del que carecían de capacidad económica para levantarlo.

Fue entonces cuando la acusada, siempre sobre la base de los argumentos de la fiscalía, aseguró a sus amigos que trabajaba para el Departamento del Tesoro y se ofreció a contactar a un alto funcionario de la organización para pagar la deuda a plazos y  para generar en la víctima una sensación de confianza también le dijo que era concejal en el Ayuntamiento de Bobadilla, circunstancia ésta que sí se ajustaba a la realidad.

De esta forma, la víctima comenzó a realizar un ingreso mensual en una cuenta bancaria abierta por Inés María F.S. haciéndola creer que ella pertenecía a Hacienda cuando en realidad era su dueña. Así, entre el 12 de diciembre de 2019 y el 9 de julio de 2020, la citada cuenta recibió 8 pagos por importe de 1.000 EUR, a los que se sumaron tres transferencias bancarias por importe de 9.972 euros.

Posteriormente, según la acusación pública, la edil, con el fin de minimizar el descubrimiento de la estafa por parte de las víctimas y sus familiares, les explicó que tardaría aproximadamente dos meses en levantar inicialmente el embargo, al tiempo que el 5 de noviembre de 2020 remitió a su amiga un correo electrónico con un supuesto certificado de Hacienda en el que se aseguraba que su madre estaba al corriente de sus obligaciones tributarias.

El mismo día también le envió un documento que parecía ser una simple nota del registro de la propiedad de Medina del Campo en la que constaba que la casa estaba libre de gravámenes. Sin embargo, la víctima presentó una denuncia el día 9 de ese mes y pronto descubrió que el documento obviamente era diferente al real y que era un documento falso.