El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado íscar, y el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA), Javier Martín, han firmado la renovación del convenio de colaboración creado en 2016. Se basa en la puesta en marcha de tres líneas de actuación en materia de asesoramiento, prevención y "mejora" de la convivencia de los vecinos de la provincia de Valladolid.

Íscar ha recalcado que "renovamos este convenio ya que trabajar juntos nos va a hacer ser más eficaces y llegar a más personas" y agradece a ICAVA su "trabajo y colaboración".

El objetivo fundamental es "ayudar a los alcaldes en aquellos conflictos entre vecinos". Además ha recalcado que en 2020 acudieron a la mediación comunitaria, la primera línea de trabajo, un total de 16 municipios, con 25 mediaciones de las cuáles 9 "han sido resueltas de modo satisfactorio" y otras 9 "están en proceso de tramitación".

La segunda línea de trabajo, que Íscar considera "personalmente muy importante" se centra en el asesoramiento jurídico a los jóvenes para "sensibilizar a los adolescentes de los peligros de determinadas actuaciones que podían llegar a ser constitutivas de delito".

Por último, el tercer cauce se centra en personas "que han sufrido un fracaso económico empresarial o personal" y ha señalado que "estamos ante un convenio que busca mejorar la vida de las personas, ese debe ser el fin y el camino".

Por su parte, Javier Martín, ha querido agradecer a todas las personas que hay "detrás", desde personas de la Diputación hasta los abogados que prestan estos servicios. Ha asegurado que es "importante por el fondo que tiene y por poder implicar en el mismo a los profesionales de la abogacía".

La valoración es "muy positiva por parte de los alcaldes" e íscar insiste en que considera "muy positivo todo ese modo preventivo con nuestros jóvenes".

MEDIACIÓN VECINAL

El objeto de esta primera línea de actuación es "buscar un cauce" de solución de conflictos que afectan a conflictos vecinales en los que sean parte los ayuntamientos, los relativos a la utilización de espacios y mobiliario público, de convivencia, de asociaciones y familiares intergeneracionales.

En este sentido, Martín ha subrayado que es el propio Colegio de Abogados el que se encarga de realizar las campañas de difusión de este servicio en los diferentes municipios de la provincia, así como de prestar los profesionales pertenecientes al Centro de Mediación, que son quienes desarrollan la labor de mediación.

Las propuestas de mediación serán derivadas por los Ceas de la Diputación o los propios ayuntamientos y serán los profesionales del servicio de mediación quienes contacten con las partes afectadas, que deberán aceptar el servicio.

Una vez aceptado, se desplazan al municipio en el que han sido requerida la prestación del servicio, a una sala cedida por el ayuntamiento, para proceder al proceso de mediación y ya finalizado el mismo, se realizará un informe al Ceas o ayuntamiento correspondiente, "respetando en todo caso la regla de la confidencialidad que rige todo el proceso de mediación".

Martín ha señalado que "está costando en este país por la mentalidad española pero poco a poco va calando".

Desde el año 2020, dentro del convenio se han solicitado 25 mediaciones de las que nueve se han resuelto con acuerdo, nueve se encuentran aún en tramitación y en siete de ellas no se ha alcanzado acuerdo. Los municipios solicitantes del servicio han sido 16 y en otros 14 el Icava ha realizado entre abril y junio de este año una campaña informativa para explicar a sus habitantes qué problemas pueden solucionarse mediante la mediación vecinal.

ASESORAMIENTO JURÍDICO A JÓVENES

Esta línea se enmarca en el trabajo de la institución provincial "para avanzar en la protección de la infancia y de la juventud de la provincia, así como en áreas tan específicos como la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, la defensa de la mujer frente a la violencia de género y la prevención de la violencia entre iguales en el ámbito escolar".

"Para ello, se llevan a cabo talleres y charlas informativas en los que se busca sensibilizar a menores y adolescentes sobre los peligros de determinadas actuaciones, que podrían llegar incluso a ser constitutivas de delitos y las consecuencias jurídicas de las mismas", ha explicado el presidente de la Diputación.

Desde 2020 se han realizado charlas y talleres con más de 600 jóvenes en ocho Institutos de la provincia, ocho Puntos de Información Juvenil y dos Centros de Ocio de 14 municipio, "con un alto grado de satisfacción y de sorpresa del alumnado al conocer las consecuencias que pueden tener algunas actuaciones".

A partir de septiembre se abrirá de nuevo el plazo para solicitar las charlas correspondientes al curso 2022/2023.

LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

La tercera línea de actuación se centra en crear un servicio de asesoramiento jurídico y atención legal a la ciudadanía de municipios de Valladolid de menos de 20.000 habitantes que se encuentren en graves dificultades económicas para cumplir regularmente con sus obligaciones de pago, o en situación de insolvencia, ya sea actual o inminente, sin llegar a cumplir los requisitos para ser considerados deudores hipotecarios sin recursos, a partir del mecanismo de la Ley de Mecanismos de Segunda Oportunidad.

A este servicio pueden acceder las personas físicas empadronadas en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes cuya situación personal cumpla una serie de requisitos como que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros o que en los diez años anteriores no hayan sido condenados mediante sentencia firme por delito contra el patrimonio.

Para acceder al servicio, las personas afectadas deberán ser derivadas al Icava desde el Servicio de Insolvencia Hipotecaria de la Diputación de Valladolid y el Colegio pondrá a disposición de este servicio un turno de abogados.

Por este convenio, el Icava "se compromete a realizar el asesoramiento y atención a estas personas, llevando a cabo las consultas telefónicas o presenciales oportunas para informarles sobre los derechos y obligaciones de la ciudadanía así como las consecuencias jurídicas derivadas de los actos o negocios jurídicos".

Desde 2020 se han derivado a este servicio un total de 24 casos, de ellos 23 correspondientes a autónomos y uno a una persona particular.

La duración del procedimiento varía "de manera significativa" en función de cada caso concreto, que se podrá alargar a varios años en "casos más complejos con juzgados más saturados", aunque es un "periodo muy largo, mientras dura el procedimiento de Ley de Segunda Oportunidad el deudor está protegido y no pueden seguir reclamándole sus deudas ni tampoco embargar sus bienes".