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Los usuarios de AUVASA que incumplan la normativa pagarán hasta 3.000 euros de multa
La empresa castigará a quienes viajen sin la tarjeta o la hayan falsificado
El Ayuntamiento de Valladolid aprueba la ordenanza que regula el servicio público de Autobuses prestado por AUVASA y entre su normativa añade multas a los usuarios de este servicio en el caso que se salten las normas establecidas.
Tras dos periodos de consultas para que los vecinos pudieran aportar sus opiniones y sugerencias, AUVASA renueva su ordenanza para regular los derechos y las obligaciones de las personas usuarias y de la entidad prestadora.
La ordenanza se adapta a los nuevos tiempos, "algo imprescindible considerando que el anterior reglamento fue aprobado hace cuarenta años" y entre sus puntos no se había incorporado la posibilidad de sancionar económicamente a los pasajeros que no cumpliesen con las reglas.
El gerente de AUVASA, Álvaro Fernández ha explicado que "en defensa y protección de las personas usuarias" se establecen unas obligaciones a la que estarán sujetas entre las cuales están las de hacer un uso correcto del servicio.
El texto recoge y clasifica en leves, graves y muy graves algunos de los comportamientos clasificándolos de infracciones y prevé para ellas sanciones administrativas que van desde los 400 a los 3.000 euros.
Se trata del mismo régimen sancionador que estableció la Junta de Castilla y León y con ello pretenden disuadir comportamientos irregulares a través de una responsabilidad punitiva.
Las multas serán proporcionales a las infracciones dependiendo de la gravedad desde beber o comer en el autobús a crear escándalo o agredir a algún pasajero o trabajador.
Se añade al catálogo de infracciones la posibilidad de sancionar a los dueños que viajen con sus mascotas en el transporte público y estas defequen o no se comporten adecuadamente.
"No había muchas infracciones, normalmente, pero no era normal que un operador de transporte público no tuviera un régimen normativo sancionador que contemplase las multas".
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La medida ha sido aprobada por la Junta de Gobierno Local y tendrá un plazo de ejecución de doce meses
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