El 25 de junio de 2021, se implantó legalmente la Ley de la Eutanasia en España, convirtiéndose en el quinto país en regularla. La presente Ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual como es el derecho a una muerte digna. Prácticamente un año después, han sido 415 médicos en Castilla y León los que se han objetado a realizar esta práctica, 110 sanitarios pertenecen a la provincia de Valladolid, situada por detrás de Salamanca que cuenta con 150 objetores.

Fernando Sanz, representante de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD), comenta que esta asociación se creó hace casi 40 años para "defender la idea de la muerte voluntaria", y en aquel momento, para reivindicar el derecho a la eutanasia, a que la gente que cuando cree que ha llegado el final de su vida o cuando hay un sufrimiento que le impide disfrutar de una vida digna, "pueda libremente solicitar ayuda para morir".

El portavoz de la asociación explica que en el contexto de la ley actual, pueden solicitar la eutanasia las personas que reúnan unos requisitos mínimos como "la ciudadanía española, ser mayor de edad, y estar en condiciones de decidir". Aunque lo más importante,  es que reúnan lo que la ley llama un contexto eutanásico, "un sufrimiento que consideren insoportable debido a una enfermedad imposibilitante con un pronóstico de vida corto", o bien, aunque no tengan una enfermedad amenazante, pueden solicitarlo "si es una enfermedad que les impide realizar las actividades de vida diaria", define Sanz. A pesar de que un menor de edad cumpla todos los requisitos para solicitar esta ayuda, en este momento, Sanz argumenta que "no está contemplado en la ley actual".

El activista de la DMD, relata que la prestación de la ayuda para morir se realiza con un proceso relativamente largo donde los servicios sanitarios tienen que asegurarse de que "la persona realmente cumple los requisitos". Y además, que su decisión es "estable, libre y que se hayan agotado las posibilidades de su tratamiento", y si todo eso se cumple, "un segundo profesional lo tiene que revalidar y finalmente, toda la documentación que se ha generado la revisará una comisión compuesta por sanitarios y juristas" que determinan por un lado "si se cumple lo que la ley marca". Y por otro lado, "si se cumplen las circunstancias que la ley define como contexto eutanásico".

Al ser preguntado por la diferencia entre eutanasia activa y pasiva, Sanz opina que "ese tipo de terminología no tiene un fundamento claro". La eutanasia es una cosa bien concreta, y el portavoz de la DMD lo define como "una actuación que persigue como finalidad el adelantar la muerte y que se realiza con medios activos, administrando sustancias que produzcan ese efecto". Lo que antiguamente se llamaba eutanasia pasiva considera Sanz que "no tienen nada que ver con la eutanasia" y está recogido bajo otros conceptos como "la limitación de esfuerzo terapéutico, o la denegación del consentimiento que se había otorgado previamente".

Respecto al hecho de que algunas personas hablen de auto eutanasia refiriéndose al suicidio, el representante de la DMD manifiesta que la ley actual, lo que recoge es la posibilidad de que "un sanitario lleve a cabo la administración de los medicamentos que son necesarios para adelantar la muerte", o que "sea la propia persona la que se los administre", alegando que tiene que ser "siempre en presencia y bajo la supervisión de un sanitario". Otra cosa es que hay personas que voluntariamente se ven en esa situación de sufrimiento y deciden terminar con su vida. En estos casos, esas personas en un determinado momento "podrían necesitar ayuda  al suicidio", que "en nuestra legislación no es legal", finaliza.

El activista de la DMD, considera que esta ley de eutanasia es justa porque "lo ha dicho una amplia mayoría parlamentaria". En el contexto de si es una ley suficiente,  "nosotros lo consideramos un buen comienzo, aunque  también tendrá que evolucionar y tendrá que adaptarse a lo que la sociedad demande", resume. Por otra parte, Sanz asegura que esta ley se debería de haber implantado antes justificando que hace muchos años "está muy claro que la ciudadanía española quería una ley como esta".

Por último, el socio de la DMD defiende que hay diferencias entre las comunidades autónomas, alegando que ha habido comunidades que "han trabajado antes de la implantación de la ley para que todo funcionase bien y ha habido otras que han sido más negligentes en sus actuaciones". No obstante, también "ha habido manifestaciones que defienden que la ley es injusta?, por parte de distintas organizaciones que ?son minoritarias aunque son muy ruidosas".