El euroescepticismo popular crece en España a pasos agigantados, y hasta a los más acérrimos defensores de la integración europea nos cuesta seguir argumentando su necesidad por lo difícil que nos lo está poniendo el aparato político-administrativo europeo (en gran parte son políticos de los Estados miembros).

"Los españoles hemos llevado la corrupción a Europa", lo he repetido decenas de veces, pero la Comisión Europea, con su eterno silencio, nos está demostrando que le va bien convivir con la corrupción española. "Ciertas sonrisas de la presidenta de la Comisión me hielan el corazón".

Hace ya mucho tiempo que estamos esperando información sobre casos relacionados directamente con dinero europeo o con asuntos estrictamente europeos. Y las instituciones de la Unión UE tienen la obligación de proporcionar información a los ciudadanos europeos en virtud del principio de transparencia consagrado en el art. 15 del Tratados de funcionamiento de la UE. Cuando todo un país está esperando esta información, son las mismas instituciones las que de oficio deberían darla, sin esperar a que se la pidan.

¿Qué pasó con el dinero de los ERES? Porque era dinero europeo, ¿verdad?  ¿Se ha devuelto algún importe?  Si no se ha devuelto, ¿cuál ha sido el motivo?  ¿Qué pasó con el Delcygate?  ¿Por qué se permitió a una ministra venezolana que entrara en España por Barajas, al parecer con sus correspondientes maletas- cuando tenía prohibido pisar el suelo de la Unión? ¿Se ha utilizado dinero europeo para comprar mascarilla en otros casos además del caso Baleares?   Son sólo tres de los muchos posibles ejemplos.  Sé que los políticos y las administraciones suelen responder con evasivas, cuando se les formulan preguntas incómodas y, a veces, ni siquiera se dignan contestar, como ha hecho la oficina del Parlamento Europeo en Madrid y un exministro español, cuando les pregunté por los factores que se habían tenido en cuanto en la concesión premio Salvador de Madariaga del año 2023. (Es sólo un ejemplo)

Pero es que hay otras muchas cuestiones vitales para los españoles sobre las que la Comisión Europea de forma cómplice guarda silencio. Por citar sólo unas cuantas: ¿Piensa hacer algo la Comisión para que la cooperación judicial europea sea una realidad y los jueces de ningún Estado miembro puedan saltarse la obligación de cooperar, cuando se lo solicita la justicia española?  ¿No va siendo hora de que se pronuncie sobre la auténtica separación de poderes en España?  No digo que no exista, pero somos muchos los españoles que tenemos nuestras serias dudas, y la Comisión podría aclarárnoslas. ¿Está conforme la Comisión con el vertiginoso aumento actual del número de españoles que están por debajo del umbral de la pobreza? ¿Piensa hacer o decir algo la Comisión Europea al respecto? ¿Le parece bien a la Comisión que familias españoleas incluso con dos sueldos, no puedan cubrir los gastos imprescindibles, como la calefacción?  No me respondan que estos son asuntos nacionales. Somos ciudadanos europeos y la Comisión está obligada a defendernos. Si las normas europeas no le permiten a la Comisión una mayor intervención, esas normas hay que cambiarlas, y si actualmente no se pueden cambiar, es que el modelo es inservible.

Efectivamente el modelo actual de integración europeo está muerto. Está anclado en el pasado, diría Ortega y Gasset, cuando debería mirar hacia el futuro. Ha servido para evitar una nueva guerra entre Francia y Alemania y para unir a los Gobiernos de los Estados miembros, pero no a los ciudadanos. La integración ciudadana sigue otras rutas distintas de la integración política: el programa Erasmus, en cuyo nacimiento jugó un papel fundamental el francés Franck Biancheri y el movimiento estudiantil francés, apoyado después por Jacques Delors, y el turismo son las principales vias actuales de integración ciudadana y estas rutas son diferentes de las rutas políticas.

No dejo de reconocer lo mucho que se ha avanzado en la integración europea, pero actualmente ésta no da más de sí, y existe peligro de involución. Las instituciones europeas están cimentando la dictadura de los partidos en la UE.

Si la Comisión quiere que el proyecto europeo vuelva a ilusionarnos, debe mojarse, debe tener informados al día a los ciudadanos y por los sistemas informativos más modernos, y con urgencia debe proponer una modificación radical en algunos puntos de los tratados.

El ciudadano europeo actual puede prescindir de los políticos y de sus ingentes gastos en un 95%. No somos niños a los que cada cinco años se nos hace el regalito de escoger entre unos representantes europeos que otros nos han propuesto.

Señores comisarios, propongan una modificación ilusionante de los tratados, en los que el ciudadano juegue el papel principal y no los políticos. Léanse a Ortega y Gasset, al menos La rebelión de las masas, libro traducido en casi todos los idiomas europeos. Ortega esperaba unos Estados Unidos de Europa algo distinto de la UE actual. Entretanto, los españoles quedamos a la espera de información, antes de que sea demasiado tarde.