En películas estadounidenses es habitual escuchar a un policía o un juez cosas como: “yo soy la ley”, “harás lo que yo te figa” o “la única autoridad soy yo”. Por desgracia esto se ha ido implementando en la vida real poco a poco hasta llegar al punto en que se ha llegado a oír o, más bien, sufrir. Que existen ciertos sectores judiciales cuyo objetivo es destacar a toda costa, es evidente. Pasa en cualquier trabajo. El problema es cuando esa forma de hacerse ver tiene fundamentos políticos o tintes sin ningún tipo de ética.

 

Ya hablé hace poco de la falta de moralidad del Tribunal Constitucional sobre el confinamiento, destacando su eficiencia cuando lo resuelven un año más tarde en niveles mínimos de afectación. Pero más sorprendente es lo sucedido en Castellón. Un juez no solo autoriza, sino que obliga a que se aplique una terapia no probada.

 

El problema no es que la ozonoterapia no esté probada. Podríamos estar hablando de un ensayo clínico y no sería nada cruel ni malévolo. Se va a realizar una “terapia”, con motivación curativa sin que esté demostrada su utilidad. Todo después de una terapia real, los cuidados intensivos. El personal al cargo del paciente rechazó practicarla en el hospital público, dentro de sus criterios médicos y en aplicación a los principios bioéticos.

 

El juez, por el contrario, decidió que se permita realizarla sin evaluar los riesgos y beneficios. Solamente se han atendido las motivaciones de la familia, lo que constituiría una decisión arbitraria. Que tampoco sería una tragedia exactamente si no fuera porque era predecible la mediatización del caso, observando disparidad en la redacción de la noticia según el medio. Lo que da a pensar la finalidad política de la sentencia.

 

Lo que más me sorprende es el victimismo y cinismo extremo que se han tomado en el caso los familiares con sus acusaciones, algunas hasta por adelantado. Insinúan que el personal del hospital público entorpece el “tratamiento”. Más aún, por adelantado solicitaron seguridad e insinuaron que les iban a entorpecer. Algo de lo que ciertos medios han hecho eco como gran verdad, para mediatizar y politizar aún más el caso.

 

Intuyo que el juez se hará cargo personal de los costes que tenga para la sanidad pública una negligencia médica como esta. Intuyo que también se responsabilizará de los costes sobre la salud de las personas engañadas por terapias extrañas, dado que las incentiva. Más que nada, porque un centro público no debe dar lugar a caprichos, más aún cuando vienen motivados por un negocio no saludable pero muy rentable en los últimos años.

 

Solo espero que esto no genere un precedente. También que a partir de ahora se hagan cargo los centro de pseudoterapias de sus pacientes, no aplicándolas en hospitales públicos con costes para el erario. Aunque, en esas condiciones, no sé por qué, pero supongo que no van a darse los casos de aplicación. Porque es lo que suele suceder con estos temas.

 

Termino recordando los principio de la bioética: no maleficiencia, beneficiencia, justicia y autonomía.