Llevo unos días dando vueltas en mi cabeza a la decisión del Tribunal Constitucional. Esa decisión está siendo utilizada con fines políticos por parte de algunos partidos y sus seguidores más hooligans para contradecir su propio miedo. Pero vamos paso a paso.

 

El Tribunal ha determinado que en estado de alarma la ley no ampara las restricciones. Sin embargo, el estado de excepción no tiene cabida racional para la pandemia, así que ya se habrían encargado de buscar la puntilla igual. Tampoco vi a estos jueces echar una mano en el hospital, renunciar a su salario o parte (4 veces el de un médico y 5 el de una enfermera) durante el confinamiento en favor del sistema sanitario, tomar decisiones legales para facilitar la batalla o, simplemente, dar su opinión a tiempo. Pero no, ha pasado más de un año, demostrando la eficacia y eficiencia del organismo caducado hace 3 años y que no quiere su propia renovación.

 

Aún más absurda es la reacción de los políticos que usan esta decisión como una victoria suya sin recordar que, hace un año y 4 meses, votaban a favor y pedían que se hubiera hecho antes. Un dato insignificante por lo visto... Por lo visto, todo es criticable: si se hace es que va tarde, pero si me conviene, digo que nunca debió ser. Una contradicción eterna que ha desencadenado una reacción de negacionismo en su favor. Y ellos lo sabían.

 

Desde que estalló el desastre en marzo de 2020, los sanitarios hemos vivido el parlamento como una pelea de parvulario donde solamente interesa la imagen electoral. Las decisiones daban bandazos sin control, pero también sin apoyo de la oposición, que, recordemos, tienen un sueldo para tratar de resolver los problemas o hacer propuestas, como mínimo.

 

La dramatización del Constitucional para ser el cura en el bautizo, la boda y el entierro, para tener protagonismo pero sin dar la cara, no tiene mayor fin que dar lugar a una telenovela de desamor político. Los sanitarios hubiéramos preferido que la resolución fuese algo como: “Quizás no está del todo previsto o amparado por la ley, pero era necesario”.

 

Curiosamente el congreso español y los altos órganos judiciales parecen querer protagonizar la película del Titanic con guión de Woody Allen. Algo como que unos cuantos cogen agua del mar y lo echan sobre el barco para que se hunda del todo. Así podrían echar en cara al capitán que la emergencia no se resolvió bien, aunque para ello tenga que morir los pasajeros y la tripulación.